La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España. El encarecimiento de los alquileres, la falta de oferta asequible y la especulación inmobiliaria están dificultando el acceso a un hogar digno y agravando las desigualdades sociales.
Cada vez son más las personas que, pese a tener un empleo, no pueden permitirse vivir con tranquilidad. El salario ya no garantiza la independencia económica cuando gran parte de los ingresos se destina a pagar el alquiler. Una de cada tres personas trabajadoras que arrienda a precio de mercado queda por debajo del umbral de la pobreza después de pagarlo. Además, Andalucía es la comunidad que registra la tasa de pobreza laboral más elevada.
Ahorrar, emanciparse o planificar el futuro se ha convertido en un desafío para miles de familias.
Esta realidad también afecta a Álora, donde el salario medio se sitúa por debajo de la media provincial malagueña. Una situación que, unida al coste de la vivienda, dificulta el acceso a un hogar, especialmente para quienes cuentan con menos recursos.
La crisis habitacional tiene, además, un marcado componente feminista. Las mujeres, las familias monoparentales (sería más adecuado decir monomarentales porque el 81,1% de estos hogares está encabezado por una mujer), las personas migrantes y las mujeres que sufren violencia machista se enfrentan a mayores dificultades para encontrar una vivienda segura y asequible. La precariedad residencial no solo afecta a la economía, sino también a la salud mental, la autonomía personal y las oportunidades de futuro.
Frente a esta situación, los movimientos sociales reclaman que la vivienda vuelva a entenderse como un derecho fundamental y no como un simple instrumento de negocio. En Málaga, colectivos como Málaga Para Vivir, Málaga Ha Vesos y la plataforma Un Techo por Derecho han dado voz al descontento ciudadano a través de movilizaciones y acciones contra los desahucios. Lo último que ha tenido más trascendencia ha sido la acampada llevada a cabo en la Plaza de la Constitución.
El debate de fondo enfrenta la rentabilidad del mercado inmobiliario con la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna. Porque tener un techo no debería depender de la capacidad económica ni convertirse en una fuente permanente de incertidumbre.
La vivienda no puede ser únicamente una inversión. Es una necesidad básica, un espacio de seguridad y el punto de partida para construir una vida digna. Una vivienda debe ser, ante todo, un hogar.
Queremos abrir este debate en nuestra localidad y para ello contaremos con:
- Rosa Galindo González y Ana Cortés Campos, compañeras de la plataforma Un techo por Derecho
- Victoria Morales Ruiz, Responsable de Feminismos en IU Málaga
Introducirán el debate:
- Virginia Blanco Rengel, coordinadora local de IU Álora
- Juan Moreno López, exconsejero de la empresa pública provincial de la vivienda de Málaga
Nos gustaría verte el 3 de noviembre para debatir sobre hablar casas, pisos, suelos, paredes y techos, y de la gente que vive dentro.
